Es demasiado frecuente escuchar discusiones donde se separa, o directamente se enfrenta a la ciudadanía con la autoridad, olvidando que la autoridad no es la propietaria de lo público ni mucho menos su adversaria, sino que se encuentra al servicio de la ciudadanía para administrarlo y también los funcionarios públicos a su vez forman parte de la ciudadanía, son ciudadanos como cualquier otro habitante de la metrópolis.
La ciudad la hacemos los propios habitantes, fue establecida por nuestros ancestros, pero gracias a nosotros subsiste y somos nosotros y nadie más quienes estamos facultados para decidir su forma y administración. En sociedades democráticas elegimos a nuestros representantes, éstos se convierten entonces en los responsables de garantizar los servicios y la manutención de espacio público durante sus períodos de mandato. Pero ellos no pueden hacer milagros y los últimos responsables de las condiciones en las que crecen y se encuentran las ciudades somos los propios ciudadanos, incluidos nuestros representantes. Los ciudadanos tenemos el derecho y la capacidad de transformar la ciudad utilizando los derechos civiles, o incluso mediante nuestra postulación para ocupar cargos administrativos.
Las interacciones sociales están todas sujetas a las contingencias y a las negociaciones entre los individuos que ocupan el espacio público. Las negociaciones cotidianas entre los ciudadanos son en ocasiones más efectivas que las leyes, ya que pueden modificarse inmediatamente, mientras que una ley tarda tanto en ser discutida y aprobada, que muchas veces es obsoleta antes incluso de aplicarse por primera vez. No hay ninguna práctica que sea normal cuando se trata del uso del espacio público, todas son contingentes y están sujetas a un proceso crítico constante. Nos conviene cuestionar constantemente todo lo que acontece a nuestro alrededor. En la ciudad no hay nada permanente, todo está en constante transformación y todo es absolutamente reversible.
Lorenzo Rocha
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