PODER PÚBLICO

¿Para quién se hace la arquitectura? ¿Quién es su público?¿La arquitectura se hace para los otros arquitectos? O bien, ¿para los clientes que encargan los proyectos? Estas preguntas, planteadas en 1969 por el arquitecto italiano Giancarlo de Carlo, aun no han sido respondidas satisfactoriamente por ningún teórico relevante. El propio autor respondía: la arquitectura es para toda la gente que la usa. Sin embargo, esta respuesta se alineaba con una agenda política que hoy en día ya no es vigente. Hace 45 años era muy importante abrir el debate sobre el espacio público para incluir la participación ciudadana en las decisiones de la administración pública. La razón era que el Estado en general durante los años sesenta era represivo y castigaba las manifestaciones en las calles como si se tratara de actos criminales. Cómo olvidar la célebere frase de Manuel Fraga, el ministro de gobernación en España durante el primer gobierno elegido democráticamente tras la caída de la dictadura franquista. Fraga decía a los manifestantes, a los que prohibió reunirse el 1˚ de mayo de 1976: "La calle es mía", una expresión muy parecida al dicho del rey francés más absolutista, Luis XIV quien afirmaba: "El Estado soy yo". El movimiento anarquista en la Europa de aquellos tiempos requería libertad de expresión y de reunión que los gobiernos de entonces no reconocían como derechos ciudadanos.

Desgraciadamente, los políticos consiguieron apaciguar las insurrecciones correspondientes a los diez años transcurridos desde mediados de la década de los sesenta, que se prolongaron hasta la mitad de la siguiente decena, permitiendo las concentraciones masivas de sus opositores en el espacio público e institucionalizando la participación ciudadana como un programa social bajo control del Estado.

Hoy en día las preguntas han cambiado: ¿A quien corresponde la gestión del espacio público? Actualmente es más importante la auto-organización ciudadana que la colaboración en las decisiones urbanísticas del gobierno. Las necesidades han cambiado y por lo tanto, también las soluciones. La diferencia principal entre ambas prácticas en el ejercicio de los derechos civiles, radica en la organización piramidal donde el gobierno decide dónde se ubica la participación ciudadana en un esquema vertical, en el cual las decisiones se toman de arriba hacia abajo. Opuesto a un "urbanismo unitario", que responde a los mecanismos de auto-organización de los propios ciudadanos y al ejercicio de sus derechos democráticos de un modo horizontal, donde el poder de decisión no es un privilegio otorgado por el Estado, sino ejercido autocráticamente dentro del marco de la ley.

Lorenzo Rocha