Grupos de alrededor de cincuenta personas se colocan en puntos estratégicos de las vías de comunicación y retienen contra su voluntad a decenas de miles de personas que no pueden ir a trabajar o volver a sus casas. No considero adecuado que dichas personas ejerzan su derecho a manifestarse públicamente, poniendo en riesgo la seguridad de tal numero de personas en espacios tan importantes como las carreteras federales.
La situación ha llegado a volverse habitual, pero ello no le otorga ninguna justificación, los ciudadanos no debemos nunca aceptar como normal que un grupo prive a otro de ninguna de sus garantías individuales, como el libre tránsito, sin que tenga consecuencias para quien lo haga.
En la toma de carreteras, la policía federal debe explicar y rendir cuentas por la omisión en el cumplimiento de su deber. Dicha corporación, encargada de proteger a los ciudadanos que se encuentran en zonas federales como puertos, carreteras, costas y otros, tiene la obligación de salvaguardar la seguridad de quienes los utilizan.
Sin embargo, el mecanismo se ha pervertido y ha trastocado el fundamento de las libertades constitucionales a las que tenemos derecho todos los ciudadanos, incluidos quienes de manera legítima y pacifica manifiestan su inconformidad con las políticas gubernamentales. Dichas protestas anuncian anticipadamente en redes sociales el lugar y la hora en que se llevarán a cabo, ¿Porqué la policía no acude al lugar del bloqueo antes de que comience, para evitarlo?
La tolerancia del gobierno ante la toma de espacios públicos de tránsito es en sí un acto reprobable. Los policías se presentan en el sitio del bloqueo con tres o cuatro horas de retraso y después en un santiamén, negocian con los manifestantes la liberación de las miles de personas a quienes han retenido ilegalmente sin siquiera recibir una multa de tránsito, mucho menos se les arresta por el acto criminal que han cometido. ¿Qué es lo que negocian con los manifestantes? Seguramente no es el precio de la gasolina, porque este no bajará aunque se mantengan bloqueadas todas las carreteras, casetas de cobro y estaciones de servicio del país.
No sería más efectivo que los manifestantes tomaran las oficinas de Pemex en lugar de las carreteras, pero al menos estarían atacando a quienes toman decisiones que les afectan, en lugar de perjudicar a sus semejantes, a los ciudadanos inocentes que necesitan transportarse y que sufren las consecuencias tanto del alza de la gasolina, como de la negligencia de la policía.
Este mecanismo perverso debe terminar antes de que suceda alguna catástrofe que le cueste la vida a los miles de personas que son víctimas del poco criterio de los grupos de manifestantes, en combinación con la repetida ineptitud de los funcionarios públicos encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos, si esto no para será imposible alcanzar el estado de derecho indispensable para el desarrollo futuro de nuestro país.
Lorenzo Rocha
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