EDIFICIO FANTASMA

La especulación inmobiliaria da lugar a situaciones absurdas dentro del paisaje urbano, ya que la construcción concebida como inversión cuya principal finalidad es el lucro, no respeta las normas de convivencia que se requieren para conseguir la armonía en los barrios urbanos. Un fenómeno común en ciudades como la nuestra, donde las leyes urbanas son relativamente laxas, es la existencia de edificios abandonados por décadas sin ser ocupados o terminados. Basta recordar el Hotel de México, en plena avenida de los Insurgentes, que estuvo vacío durante cerca de veinte años debido al fracaso del proyecto original, para finalmente convertirse en un edificio de oficinas que hoy alberga al World Trade Center.
Sin embargo, aun existen gran cantidad de “Edificios-zombie” (auténticos “muertos vivientes”) como aquel que se encuentra en la esquina de Arcos de Belén y Eje central Lázaro Cárdenas, el cual no fue terminado por una falla estructural derivada del terremoto de 1985 (ver: Milenio, la crítica espacios 17/01/13). Un edificio inconcluso es equivalente a una ruina y constituye un problema serio para el desarrollo de su contexto, la ley debería obligar a los constructores a demoler un edificio que no se termina en un tiempo razonable o a cederlo a alguien más para que aproveche el espacio. De una ley similar ha surgido en muchos países el movimiento Okupa, ya que los inmuebles en ruinas o abandonados a mitad de la construcción se proporcionan a organizaciones civiles para gestionar proyectos sociales no lucrativos.
La realidad es que en Alemania o Inglaterra los edificios ociosos se ocupan legalmente, mientras que en México o en Venezuela la ocupación es ilegal aunque tolerada por las autoridades. De hecho el edificio al que hacemos referencia no está realmente vacío, es utilizado como vivienda por un cierto número de personas indigentes y como almacen de los productos que se venden en las calles. También hemos discutido en este espacio acerca de la famosa Torre David en Caracas, que ha sido ocupada por casi tres mil personas que carecen de un sitio propio para vivir (ver: Milenio, la crítica espacios 08/11/12). Parece ser que en nuestro país hemos sustituido parte de la seguridad social con una ilegalidad sistémica, que propicia el desarrollo de economías sumergidas como el comercio ambulante o la ocupación clandestina del espacio urbano. Cuando el Estado se ve desbordado en su capacidad de atender las necesidades básicas de algunos sectores de la población, opta por vendarse los ojos y dejar proliferar mecanismos de superviviencia que no hacen más que acrecentar la inequidad de la sociedad.
Lorenzo Rocha