SANTA FE

El pasado miércoles 15 de mayo el Gobierno del Distrito Federal anunció la extinción de un fideicomiso que se encargaba de la gestión de los recursos destinados a la administarción del espacio público de Santa Fe, en el Poniente de la ciudad de México. Dicho fideicomiso se encontraba bajo el control de la asociaición de colonos de dicha zona urbana, que se encuentra bajo la jurisdicción de dos delegaciones: Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Esto significa que los recursos destinados a la seguridad pública, la administración territorial, el mantenimiento de las vialidades, alumbrado, alcantarillado y demás servicios públicos eran administrados por una asociación civil. La zona financiera más importante de Latinoamérica y el área urbana que aporta el 8% de la recaudación de impuesto predial de todo el Distrito Federal, era administrada hasta hace una semana por el sector privado. Quizá la noticia haya pasado desapercibida para la mayoría de nuestros conciudadanos, pero sin duda da lugar a importantes reflexiones sobre el estado de la administración pública metropolitana.
El fenómeno de la administración privada de espacios públicos ¿se puede también considerar como una práctica de legítima participación ciudadana? En la ciudad hay muchos más espacios de este tipo, como los atrios de las iglesias, las áreas exteriores de los centros comerciales, las plazas de acceso y jardines públicos de los edificios corporativos, todos ellos ejemplo claro de que una parte de lo que consideramos espacio urbano es en realidad dominio privado. La falta de actuación de la administración pública en zonas como estas, da lugar a una interpretación sesgada del uso del espacio urbano, ya que cualquier entidad privada tiene la facultad discrecional de reservar el acceso y tránsito de personas y vehículos dentro de su propiedad.
Si consideramos a la ciudad como un “campo de fuerzas”, donde actúan y se ponen en práctica las distintas agendas e intereses de los grupos que conforman a la sociedad urbana, en el caso de Santa Fe nos encontramos frente a un fenómeno de ausencia de uno de los vectores principales de la ecuación urbana: el gobierno democráticamente elegido. Hemos visto lo que sucede cuando se crea un vacío de poder político, el espacio es inmediatamente ocupado por el sector privado, excediendo sus facultades de participación para convertirse en administrador de lo público. Esperemos que la decisión del jefe de gobierno devuelva el equilibrio que debe existir entre gobierno y sociedad civil, sin dejar de considerar a los vecinos como participantes activos en las decisiones que atañen a su colonia.
Lorenzo Rocha