El arte público y el uso popular del espacio se conciben como maneras en las que el estado genera bienestar e igualdad social, como formas de democracia cultural, impulso económico y mejoramiento de la vida ciudadana. Sin embargo, la comercialización del espacio público genera efectos contrarios a los pretendidos.
Desde hace varias décadas ha estado en discusión el problema del control que algunas entidades privadas ejercen sobre el espacio público urbano. Las plazas de acceso de casi todos los edificios de oficinas están controladas por los empleados de seguridad privada que los custodian. La publicidad exterior que cubre las vallas de casi todos los terrenos baldíos y los anuncios “espectaculares”, son usos cuestionables de dichos elementos de cierre, ya que invaden visualmente a la vía pública y se lucran con ella.
En toda esta operación, el gobierno es partícipe, ya que cobra derechos por la mayoría de dichos usos e incluso concesiona las calles para la realización de eventos temporales como mercados, ferias y carreras deportivas.
Esta claro que el gobierno de la ciudad de México se ha asociado con las empresas que promueven estos usos y las que anuncian sus productos en ellas. Por ejemplo, los organizadores del Maratón de la ciudad que se lleva a cabo cada año. No se trata de ninguna práctica ilícita en sentido estricto, sin embargo, cuando estas alianzas no se llevan a cabo de manera democrática ni transparente, pueden afectar la gobernanza de la ciudad a nivel de la percepción del espacio público y su regulación. Muchos ciudadanos sufren las consecuencias del corte de vialidades e invasión repetida de aceras y plazas, por no decir la afectación a la estética de la ciudad en la forma de contaminación visual por parte de la publicidad, la cual no contribuye al interés público sino privado.
Lorenzo Rocha
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