POSTURA CRÍTICA

Los habitantes de una ciudad tan grande, compleja y sobrepobalada como la nuestra, nos enfrentamos diariamente con usos del espacio público que constituyen acciones antidemocráticas por parte de nuestros gobernantes y también de muchos de nuestros conciudadanos. Observamos como se realizan obras, como excavaciones y pasos a desnivel, sin la menor idea de cómo es que se toman las decisiones que permiten su construcción. Vemos con impotencia el modo como nuestro gobierno actúa a discreción en su pragmatismo que permite a empresas privadas el uso de espacios públicos para sus eventos o la colocación de estatuas y esculturas en las calles y parques, sólo a cambio de alguna inversión en la vía pública.
Pero desgraciadamente el abuso del espacio público no solamente es responsabilidad de la administración, también somos testigos de la especulación inmobiliaria, que no tiene límites cuando se trata de sacar el mayor provecho posible del suelo urbano, violando el uso del suelo, alturas y densidades permitidas, para construir más de lo que se permite en sus predios y mermar el patrimonio histórico de muchas zonas de la ciudad. Por si fuera poco, también algunos sectores populares como los vendedores ambulantes, o las protestas y acampadas que tienen tomado el espacio público de plazas, calles, cruces de avenidas y hasta vagones del metro, personas cuyas condiciones menesterosas no justifican la ocupación indefinida de estos espacios que son de todos los habitantes.
Ante la realidad urbana, la mayoría de los ciudadanos debe hacer un esfuerzo, para tomar consciencia de los problemas y forjar una postura crítica que imponga límites a todas las formas de apropiación privada del espacio urbano público. El primer paso es sin duda, el conocimiento de los derechos civiles, y el siguiente es ejercer nuestros derechos, denunciando las prácticas antidemocráticas antes mencionadas. El criterio necesario para alcanzar el nivel de conocimiento que permita al ciudadano común organizarse para defender sus derechos, deriva únicamente de la consciencia de que es justamente el ciudadano quien ostenta el poder máximo sobre el destino de la ciudad. El ciudadano es quien elige al gobierno, le delega el poder público y también se lo puede retirar. Tampoco el empresario del sector inmobiliario puede romper las leyes urbanas, siempre que los ciudadanos vigilen sus acciones y denuncien sus abusos. Por último, es el propio ciudadano quien debe exigir que se respeten sus derechos para transitar libremente por las calles y a utilizar con tranquilidad el transporte público, sin ser importunado por las personas que invaden estos espacios.
Lorenzo Rocha