La desigualdad en México es tan profunda que los contrastes
entre las personas de altos y bajos recursos se manifiestan hasta en
las políticas urbanas. Mientras en las áreas urbanas existen usos de
suelo definidos y se aplican todos los reglamentos y normas, en el
campo parece no haber ley.
En México frecuentemente decimos: “Más vale pedir perdón que pedir permiso”, este adagio popular es aplicable a la situación que vivimos respecto a la planificación urbana y territorial. El campo y las poblaciones menores a 50,000 habitantes no cuentan con ningún tipo de zonificación y muy rara vez son objeto de los reglamentos de construcciones vigentes en las ciudades. Este fenómeno no refleja la total ausencia de la presencia del Estado en todo el territorio, esto es comprobable porque por contraste, el impuesto predial sí se cobra a todas las propiedades en el territorio nacional.
Probablemente el Estado no centra sus esfuerzos en las áreas rurales porque éstas no reportan beneficios económicos importantes. Es inexplicable que las comunidades donde habitan personas con escasos recursos sean ignoradas por las autoridades, ya que justamente son quienes más carencias tienen. No se puede dejar a su suerte a la gente solamente porque vive en la pobreza.
Pocas comunidades remotas son vigiladas por la policía y algunas solamente son patrulladas ocasionalmente por el ejército, pero esto sucede únicamente cuando se persiguen delitos graves. La reciente tragedia en Tlahuelilpan nos confirma que el Estado está rebasado por la población y no es capaz de protegerla de peligros tan elementales como los ductos para hidrocarburos. Cuando existe una fuga en dichos ductos —ya sea accidental o provocada— las autoridades son responsables de la seguridad de la población. Pero en este caso, como en muchos otros, se les ha dejado a su suerte y por desgracia el resultado ha sido fatal. La población no debe por ningún motivo ser culpada por haber muerto por una explosión de gasolina, habiendo autoridades que podían haber evitado que la multitud se acercara a la zona de peligro.
El fenómeno es similar a quienes sufren por habitar en sitios vulnerables a desastres naturales o quienes tienen una casa que no resiste los sismos por haber sido autoconstruida, tolerar dichas irregularidades es imperdonable. La ausencia de la autoridad no exime al ciudadano del cumplimiento de sus obligaciones legales, pero cuando los riesgos son mortales el gobierno debe actuar sin dilación alguna.
Lorenzo Rocha
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