BUENAS INTENCIONES

Siempre son positivas las buenas intenciones, porque crean un ambiente optimista. Como soñar no cuesta nada, publicar un decálogo para guiar la nueva politica nacional de vivienda, resulta una noticia muy popular y aplaudida por todos, solo nos faltaría entender cómo se implementará.

Hace una semana el Secretario de desarrollo agrario, territorial y urbano, el arquitecto Román Meyer, acompañado por el titular del Infonavit, presentó una lista de diez lineamientos muy interesantes, que constituirán la política de vivienda a nivel nacional para los próximos seis años. Al parecer, dicha política se enfocará en las zonas más marginadas del territorio nacional, introduciendo un concepto importante: la autoconstrucción asistida. Este concepto lo explica muy bien el arquitecto inglés John Turner, en su libro “Housing by People”, (“La vivienda por el pueblo”, publicado en 1976). Turner sostiene que las únicas personas que son capaces de construir su vivienda al menor costo y con la calidad deseada, son sus propios habitantes, en lugar de que la producción de vivienda esté centralizada por el Estado. Los arquitectos y técnicos, solo deben ser acompañantes en el proceso de autoconstrucción, proporcionando sus conocimientos de manera gratuita, subvencionados por el Estado o por asociaciones filantrópicas, como las que ya operan en las áreas rurales y apartadas como las sierras, sin la rectoría del Estado.

El aspecto clave de los lineamientos presentados, es la concepción de vivienda como derecho humano, como generadora de comunidad y del desarrollo territorial. Esta política va a necesitar al menos una década para que comience a dar resultados, esperemos que los siguientes gobiernos la mantengan. Quizá la parte más complicada del decálogo es su primer punto: “Asegurar la adecuada ubicación de la vivienda garantizando la disponibilidad de servicios e infraestructura”. La proximidad del suelo edificable a las unidades económicas, a los servicios como el agua y la electricidad y a la infraestructura de transporte, eleva notablemente su valor en el mercado inmobiliario y en principio dificulta significativamente su posibilidad de dedicarse a la vivienda asequible. Para que el Estado pueda conseguir este objetivo, debe plantear una normatividad que contemple porcentajes obligatorios de vivienda popular en zonas en desarrollo, junto con una política económica y fiscal que haga viables sus objetivos. De otro modo, el decálogo corre el peligro de quedarse solo en el papel.

Lorenzo Rocha