Los proyectos
arquitectónicos que se llevan a cabo en la ciudad de México están todos
relacionados directamente con el desarrollo inmobiliario. Incluso aquellos
edificios o casas que no se construyen para ser vendidos o alquilados, forman
parte inevitable del mercado de bienes raíces. El propietario de un terreno o
de algún inmueble que pueda demolerse o adaptarse, se verá inevitablemente
envuelto en procesos inmobiliarios que están relacionados con él de modo inconsciente
o bien participa voluntariamente en la especulación urbanística.
Mantener cualquier casa
o edificio cerrado, abandonado o utilizado al mínimo genera un mecanismo
especulativo, debido a que atrae la atención de los promotores que se
encuentran en busca de oportunidades para desarrollar sus proyectos
inmobiliarios comerciales. Si los promotores hacen una oferta de compra del
inmueble o terreno, su intención de compra eleva los precios de la tierra,
independientemente de si el propietario la acepta o la rechaza. Al final el
propietario se posiciona cómodamente a esperar un nuevo plan urbano que
recualifique su zona o la construcción de alguna obra de equipamiento o
infraestructura que mejore las condiciones de su propiedad, esto es
especulación pura.
La falta de uso
intensivo de la tierra, una práctica muy común en barrios centrales de nuestra
ciudad, es un mecanismo dañino para la economía de la metrópolis. La tierra es
un bien finito y limitado, cuando hablamos de desarrollo inmobiliario, es el
insumo de mayor valor en toda operación de esta índole. Sin duda es correcto
que exista libertad para destinar la propiedad privada a lo que sus dueños
decidan, por el tiempo que deseen, pero debería de haber mayores incentivos por
parte de la autoridad a nivel de impuestos prediales y contribuciones al
mejoramiento del espacio público, para quienes decidan reactivar sus propiedades
y no lo contrario.
Hoy en día, quien
emprende una operación inmobiliaria paga derechos por múltiples conceptos como
la factibilidad de la demanda de servicios, la mitigación ambiental por el
potencial volumétrico de la construcción (la relación entre altura y areas
libres dentro del terreno), y compensaciones por impacto urbano. Es sano para
la ciudad que se cobren todos los derechos antes mencionados a quien planea
hacer un negocio lucrativo, pero al mismo tiempo es inexplicable e injusto que
se exente de dichos pagos a quienes deciden mantener ociosas sus propiedades.
La política urbana de nuestra ciudad, que ha echado mano de mecanismos de
desarrollo muy creativos como los polígonos de actuación, en los cuales se
puede adquirir mayor potencial para un predio por parte de otro que no lo
utilice, aun no tiene una postura clara para frenar la especulación y sus
políticas actuales alientan a los propietarios a sentarse a esperar a que sus
tierras aumenten de valor.
Lorenzo Rocha