Resulta muy interesante
observar las acciones que ha tomado el gobierno de la ciudad de México a partir
de los sismos ocurridos en el pasado mes de septiembre. El 26 de septiembre, a
una semana del segundo sismo, el jefe del gobierno de la ciudad decretó la
creación de una comisión para la reconstrucción, recuperación y transformación
de la ciudad y envió un proyecto de ley con los mismos objetivos a la Asamblea
de representantes. Las emergencias estaban siendo atendidas y de cualquier modo
ya habían iniciado las labores de remoción de escombros y demolición de
edificios colapsados además de la clasificación y dictaminación de edificios en
riesgo. La ciudadanía también se movilizó por sus propios medios, pero todos
los habitantes de la ciudad hemos estado pendientes de las acciones que decida
tomar el gobierno para enfrentar los múltiples problemas de la ciudad, los
cuales fueron puestos en evidencia por los desastres naturales.
Nueve semanas después,
el 1 de diciembre se aprobó y publicó la Ley de reconstrucción y comenzó el
proceso de elaboración de un plan de gobierno para cumplir con la tarea. Dicho
plan fue publicado el pasado 12 de enero, en él se resumen las acciones
emprendidas por el gobierno hasta ahora y las opiniones de los subcomisionados
sobre las posibles vías de solución a los problemas más graves que aquejan a
nuestra metrópolis. Todos conocemos dichos problemas, por lo cual el plan
solamente nos ha recordado las grandes carencias que sufrimos a nivel del
respeto a nuestros derechos como ciudadanos. El documento expone ideas para
estar mejor preparados ante futuras emergencias, reforzar la seguridad de las
construcciones, resolver el problema hidrológico, mejorar los servicios viales, evitar
los desplazamientos para fomentar la vida de los barrios, buscar la igualdad en
las condiciones sociales, económicas, de género y de los grupos más
vulnerables, en resumen transformar positivamente la ciudad.
Es evidente que los
objetivos del plan nos interesan a todos los ciudadanos, sin embargo quienes lo
redactaron han soslayado que a nuestra ciudad no le hacen falta más leyes ni
más planes, sino acciones. El documento omite mencionar y proponer solución a
los altos niveles de corrupción urbanística que sufrimos en la ciudad, los
cuales dejan prácticamente sin efecto las buenas intenciones de la comisión. El
desvío de fondos y la exigencia de sobornos para los trámites administrativos,
son problemas cuya solución es tan urgente para sanear a la ciudad como lo puede
ser la reforma a los reglamentos. Nuestro gobierno parece olvidar que la crisis
por la que atraviesa ciudad no es legislativa, sino administrativa, el combate
a la corrupción y la gobernanza no se encuentran en el vocabulario de nuestros
líderes.
Lorenzo Rocha
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